Casos de Estudio

California puso en marcha una iniciativa a nivel estatal para eliminar la vegetación peligrosa en zonas de alto riesgo de incendios. Una labor fundamental para prevenir incendios forestales catastróficos, proteger a las comunidades y salvar vidas.

Los opositores presentaron una demanda al amparo de la CEQA, alegando que los expertos en incendios forestales de CAL FIRE se equivocaban con respecto a los beneficios de la limpieza de matorrales y que proteger las plantas autóctonas era una estrategia de prevención de incendios mejor que la elegida por los bomberos profesionales. El litigio hizo que el programa volviera a sus etapas iniciales, retrasando los trabajos críticos de prevención de incendios forestales de cara a la devastadora temporada de incendios de 2025.

Liberty Lane era un proyecto de vivienda 100 % asequible diseñado para proporcionar hogares estables a veteranos militares con pocas alternativas.

Los opositores presentaron recursos en virtud de la CEQA alegando supuestas preocupaciones “estéticas y de ruido”, a pesar de que el proyecto cumplía con la normativa aplicable. Tras seis años de retrasos y un aumento del coste del 70 %, el proyecto acabó perdiendo por completo su financiación, dejando a los veteranos sin vivienda y a los contribuyentes sin nada que mostrar tras años de trámites.

El Sunrise Powerlink fue diseñado para suministrar energía renovable fiable procedente de parques solares y eólicos del Valle Imperial a hogares y empresas de San Diego. Esto refuerza así la fiabilidad de la red eléctrica, contribuyendo a los objetivos de energía limpia de California.

Bajo el CEQA, el solicitante del proyecto se vio obligado a analizar más de 100 rutas y configuraciones alternativas —incluidas opciones que nunca fueron viables y algunas que desviaban las líneas de transmisión a través de las fronteras estatales y de vuelta—, lo que supuso casi cinco años de evaluación ambiental y más de 11,000 páginas de análisis. A continuación, se necesitaron 70 permisos de más de dos docenas de organismos antes de que pudiera comenzar la construcción, lo que supuso un retraso y un costo adicional que, en última instancia, repercute en los consumidores de electricidad.

Un distrito escolar local propuso modernizar una escuela primaria obsoleta, renovando las aulas y mejorando la circulación de autos para que dejar y recoger a los niños sea más seguro para las familias.

Los opositores presentaron una demanda al amparo de la CEQA, argumentando, entre otras cosas, que la modernización reduciría el tamaño del patio de la escuela. El litigio paralizó la construcción durante años, lo que obligó a los alumnos a asistir a aulas prefabricadas provisionales mientras los costos del proyecto seguían aumentando.

La Universidad de California en Berkeley propuso transformar un estacionamiento y zonas menos usadas del campus en viviendas para estudiantes, que se necesitan con urgencia.

Tras una exhaustiva planificación, una evaluación medioambiental, un proceso público y la correspondiente aprobación, los opositores presentaron una demanda al amparo de la CEQA, alegando que el proyecto no había estudiado suficientemente el “ruido social” que generarían los futuros residentes estudiantiles, a pesar de estar situado en un campus universitario en pleno funcionamiento.

Este proyecto se diseñó para reforzar la red eléctrica y garantizar un suministro eléctrico confiable a las comunidades de toda la Costa Central, dando respaldo a hogares, empresas y servicios esenciales.

A pesar de su claro beneficio público, el proyecto entró en el proceso de evaluación ambiental en 2017 y aún no ha recibido la aprobación definitiva. Los años de retraso se han debido, en parte, a disputas sobre los subjetivos “impactos visuales” y el “carácter estético” de las líneas de transmisión. Esto ha paralizado mejoras críticas para la red, mientras las necesidades de fiabilidad siguen creciendo.

Se propuso un modesto proyecto de viviendas suburbanas para añadir nuevas viviendas en el condado de Marin, una región que sufre desde hace tiempo una escasez de hogares.

Los opositores impugnaron el proyecto bajo la CEQA, alegando que el condado no había tenido debidamente en cuenta una propuesta alternativa con 10 viviendas menos. Tras casi medio siglo de litigios y retrasos, el proyecto nunca se llevó a cabo, lo que supuso la eliminación total de nuevas viviendas únicamente por culpa del proceso en sí.

Después de que la Escuela Secundaria Media Portola fuera declarada sísmicamente insegura, el Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa decidió sustituirla mediante la reconversión y ampliación de una escuela primaria cercana.

A pesar de la exhaustiva revisión pública y las medidas de mitigación, los opositores presentaron una demanda al amparo de la CEQA, alegando que el distrito debía estudiar más a fondo los efectos de reasignar a los alumnos de primaria a colegios cercanos. La demanda retrasó la construcción del colegio sustitutivo casi cuatro años y le costó al distrito más de $10 millones en gastos de litigio y retrasos en la construcción.

En 2007 se propuso el proyecto “University Gateway” cerca de la USC, que preveía la construcción de viviendas para más de 1,600 estudiantes a poca distancia a pie del campus y de una estación de transporte público regional.

Un propietario de viviendas para estudiantes de la competencia presentó una demanda en virtud de la CEQA para detener el proyecto, como parte de una agresiva estrategia para bloquear la entrada de nuevos competidores en el mercado de la vivienda para estudiantes. La demanda paralizó la construcción durante aproximadamente dos años antes de que finalmente se llegara a un acuerdo en los tribunales.

La UCSF aprobó una ampliación de $3,000 de su campus de Parnassus Heights para modernizar un hospital de 70 años de antigüedad, cumplir con las normas de seguridad sísmica, añadir unas 200 camas hospitalarias y construir 762 viviendas para estudiantes y personal docente. La ampliación abordó una grave escasez de capacidad hospitalaria: los hospitales de la UCSF estaban constantemente llenos y, entre 2017 y 2019, la UCSF rechazó aproximadamente el 40 % de los traslados de pacientes médicamente necesarios que se le solicitaron debido a la falta de capacidad.

A pesar de la urgente necesidad, los opositores interpusieron una demanda al amparo de la CEQA, alegando, entre otras cosas, el posible impacto del proyecto en la estética y el riesgo de colisiones con las aves. Los tribunales rechazaron finalmente las impugnaciones, pero solo después de que el litigio retrasara durante años el inicio de las obras de un importante proyecto de modernización hospitalaria.

En 2017, LA Metro inició la evaluación ambiental de una nueva línea de metro ligero de 15 millas de extension que conectaría comunidades históricamente desatendidas del sureste del condado de Los Ángeles con el sistema de transporte regional. Se prevé que la línea dé servicio a una zona con 1.4 millones de residentes y 600,000 puestos de trabajo, al tiempo que disminuye el tráfico, ampliará el acceso al transporte público y reducirá las emisiones.

El proyecto tardó siete años en completar la evaluación ambiental. Durante ese tiempo, el costo estimado del proyecto pasó de aproximadamente $3.75 mil millones a $8.6 mil millones. Un aumento de casi $5 mil millones que, en última instancia, recayó sobre los contribuyentes.

El embalse de Sites ha sido un proyecto de resiliencia hídrica prioritario para el estado durante décadas. Mientras California sufría graves sequías y escasez de agua, el proyecto dedicó seis años a preparar miles de páginas de evaluación ambiental.

Casi una década después de que comenzara el proceso de aprobación, la tramitación de los permisos sigue sin completarse, y el costo estimado del proyecto ha aumentado de aproximadamente $3,900 millones a $6,800 millones.